LA JUSTICIA DE LOS NARCOINDULTOS A LA CAZA DE GREGORIO SANTOS

En España, Miguel Blesa, el Director del cuarto banco más grande del país (Caja Madrid) provoca la mayor quiebra de la historia despilfarrando el dinero de los ahorristas en obras faraónicas inútiles, para ayudar a ganar las Elecciones a los políticos que le han nombrado. Por si fuera poco, compra acciones a fondos especuladores pese a que Caja Madrid es ante todo una entidad benéfica, y estafa a la entidad comprando compañías en quiebra por el doble de su precio. Para solucionar el agujero generado, este Director (que ganó su puesto tan sólo por ser compañero de pupitre del ex-mandatario José María Aznar), decide vender acciones de Caja Madrid a cientos de miles de ahorristas y jubilados ocultando que ya está en banca rota. A muchos de ellos les hace firmar acuerdos de compra que les impedirá ver su dinero ¡hasta dentro de 60,000 años! Todo ello mientras se hacía fotos en viajes de lujo a cuenta de la Entidad.

La Fiscalía se niega a investigar, pero un Juez independiente consigue meter entre rejas al banquero por temor a que pueda destruir pruebas. Quince días después, el banquero sale libre y el Juez es imputado por prevaricación y expulsado de la magistratura. Algo que es celebrado por todos los grandes Medios de Comunicación públicos y privados en España. Por desgracia no era la primera vez, porque al ya ex-juez Baltasar Garzón le ocurrió lo mismo cuando intentó investigar los crímenes del régimen franquista con cientos de miles de desaparecidos en toda España.

Blesa gran amigo de Aznar, es juzgado pero hasta ahora el único condenado ha sido el Juez que lo investigaba.

Como se puede apreciar, la impunidad no es exclusividad del Tercer Mundo, la calcamos del mal llamado “Primer Mundo” siguiendo la ola privatizadora que creó sistemas legales y cuerpos judiciales que destruyen toda forma de control de la sociedad sobre las empresas y sus directivos por muy criminal y descarado que fuese el delito.

Por supuesto que en el caso del Perú, la situación es todavía peor, ya que nuestra retorcida Constitución fué creada bajo el régimen narco-paramilitar de Fujimori, y tiene instrumentos suficientes para desarticular cualquier iniciativa pública o privada que vaya contra los intereses de las grandes multinacionales. Y si esto falla, queda el “brazo armado” de magistrados a lo largo y ancho del Perú, heredados de la dictadura fujimorista y del decrépito primer y segundo gobierno de Alan García, el “Narco-Indultador”. Todos ellos dispuestos a iniciar procesos contra todo aquél que ponga en peligro al “Sistema”.

Los Estudios de impacto ambiental le han dado la razón al pueblo de Cajamarca, para que se frene la actividad minera en cabeceras de cuencas hidrográficas claves para la actividad agrícola-ganadera y el mantenimiento de la biodiversidad. Pero el Estado ha respondido saltándose la legalidad militarizando una Región al servicio de las multinacionales mineras.
Como el Gobierno Regional con su presidente Gregorio Santos a la cabeza, se ha puesto del lado de los ciudadanos a los que representa, el Estado servil de Ollanta Humala ha dado paso a la segunda fase de su Plan: Deslegitimar y deponer a Gregorio Santos a través de una campaña mediática de descrédito al tiempo que suelta a sus “chacales” de la judicatura para poder reemplazarlo por un gobierno títere, y lo que es peor, poner en cuestión la legitimidad de los Gobiernos Regionales en el Perú.

La oportuna aparición de audios de dirigentes provinciales reunidos con un directivo de Yanacocha (filial de Newmont) para pedir al Gobierno Central que financie ciertas provincias de Cajamarca directamente desde la capital, revela cómo a las Oligarquías y a las multinacionales que se han repartido el Perú les sobran las Regiones, y les sobra por tanto la Democracia.

Emulando la payasada de Alejandro Toledo de compararse con Pachacútec, ahora Ollanta Humala juega a ser Atahualpa, llenando con el oro de Cajamarca el insaciable “Cuarto del Rescate” de la Newmont Mining Corporation, con el único fin de que le permitan reelegirse a través de su mujer. Pero el pueblo ha manifestado una  y otra vez que por muchos cañones que pongan en la Plaza de Cajamarca, no van a abandonarla. Porque lo que defienden son sus instituciones, su derecho a un empleo seguro, y a una vida digna. Su derecho a no tener que volver a la oscura noche minera de la Era Colonial, de hombres jóvenes abandonando el campo para terminar en socavones escupiendo sangre y plomo.

Comité de Madrid del Movimiento de Afirmación Social del Perú